Tenemos lo que pedimos, tenemos lo que merecemos.

Según anuncian los periódicos, el lunes que viene se registrará en el parlamento de Madrid la «proposición de ley reguladora del derecho a la identidad de género y a su libre desarrollo sin discriminación«. Se trata de una propuesta presentada por el PSOE, elaborada principalmente por Carla Antonelli y Marina Saenz (ambas, mujeres transexuales), pero en cuya elaboración también han participado algunas asociaciones transexuales, y al parecer varixs activistas trans a quienes quiero y respeto, que han introducido a juristas y, en general, gente que sabe mucho más que yo de derecho. Cosa que no es difícil porque, aunque me consta que por ahí se va diciendo que yo me creo que se mucho, en realidad, me consta que no se nada. Estoy terminando la primera mitad del segundo curso del grado en derecho de la UNED. Vamos, que no tengo ni idea (o, como mucho, una ligera idea).

Sin embargo, creo que no hace falta ser un experto en nada para poder opinar. Generalmente para opinar sobre una ley, debería bastar con saber leer, ya que las leyes no son para los juristas, sino para todas las personas. Nosotros somos quienes las debemos cumplir, y es sobre nuestras vidas sobre las que las leyes influyen. Cualquiera debe poder opinar sobre cualquier cosa que influya directamente sobre su vida, sin que se le pueda exigir haber estudiado previamente una carrera, luego un master, y cinco años de ejercicio profesional, o cualquier cosa que a quien sea se le pueda ocurrir.

No hace falta ser un experto abogado, o un catedrático universitario para saber leer. Yo sé leer, y he leído que esta propuesta dice:

Artículo 3.2 «Por personas transexuales, a efectos de esta Ley, se entienden las que acrediten […]: mediante declaración jurada personal que presenta una disonancia estable y persistente entre el sexo morfológico de nacimiento y la identidad de género sentida por el solicitante.»

Es decir, cualquier persona que desee acogerse a esta ley, tendrá que jurar (¡Jurar! Es decir «afirmar o negar algo, poniendo por testigo a Dios, o en sí mismo o en sus criaturas» ¿Es que nunca podremos sacar a Dios de nuestras intimidades?) que entre su sexo «de nacimiento» y su identidad de género no existe la conformidad o proporción que naturalmente debería haber (eso es exactamente lo que significa la palabra «disonancia«).

Todo esto, por supuesto, sólo si eres mayor de edad. Si eres menor, entonces tendrás que llevar también un informe de un médico que acredite la condición de transexual del menor. Eso dice el artículo 4.3. de esta propuesta. Y yo no soy jurista, pero a mí me parece que eso es patologizante a tope, aunque, eso sí el informe del médico (que el médico hará o no hará, según a él o a ella le parezca conveniente) no podrá ser un diagnóstico.

Dice después:

Artículo 10.1 «El Servicio Madrileño de Salud proporcionará […] las evaluaciones y tratamientos necesarios para llevar a cabo un proceso de transexualización en la medida requerida por cada paciente«. Lo que no sabemos todavía es qué es el «proceso transexualizador». Por ese nombre, parece que será el proceso que te cambiará de sexo (el prefijo «trans» viene a significar traslado o cambio), por lo que se nos está diciendo que en realidad el tener esa identificación del artículo 3 no implica que realmente seas otra cosa que lo que eres por tu «sexo de nacimiento». Si en verdad quieres cambiar de sexo, tendrás que pasar por el «proceso transexualizador», pero, eso sí, en la medida requerida por cada… paciente (Paciente: persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien se halla bajo atención médica). Al menos es una buena noticia que tú, persona padecedora física y corporalmente puedas decidir en qué medida te vas a someter al proceso de cambio de sexo.

Artículo 11.2 «La unidad Multidisciplinar de Identidad de Género […] prestará a las personas transexuales el tratamiento más adecuado a sus circunstancias personales y a su estado de salud.» Es decir, los tratamientos continuarán en manos del Dr. Becerra y el resto de personal de la UTIG. Sólo cambia el nombre. Sin embargo lo importante es saber quién y como se decide cual es el tratamiento más adecuado. La parte del «estado de salud» puede (porque no lo prohíbe) incluir también el estado de salud mental. Es decir, para decidir cual es el tratamiento más adecuado, podría darse el caso de que primero un psicólogo deba emitir un juicio sobre si el estado de salud mental de un paciente le hace apto para recibir tratamientos hormonales o quirúgicos, o de cualquier otro tipo. Es más, si para tomar una decisión sobre cual es el tratamiento más adecuado es necesario tener en cuenta las circunstancias personales, y no se especifica cuales son, es evidente que se está dando permiso a los médicos para que indaguen en cualesquiera aspectos de la vida privada de los pacientes y en base a eso decidan cual es el tratamiento más adecuado. En caso de que seas menor de edad, antes de que empieces el tratamiento no bastará con que lo recomiende (autorice) un sólo médico: tendrán que autorizarlo dos, con lo que la situación no sólo no mejora, sino que empeora. Lo dice el párrafo final del artículo 12.1.

Artículo 13.1 «Reglamentariamente se establecerá una guía clínica para la atención de las personas transexuales, […] que se elaborará en colaboración preferente con las organizaciones que trabajan en el ámbito de la identidad de género«. Es decir, la colaboración con organizaciones será preferente, pero no obligatoria (si no hay colaboración, no pasa nada), y no tendrán que ser organizaciones de personas transexuales, sino que trabajen «en el ámbito de la identidad de género». Es decir, perfectamente podría tratarse de cualquier organización médica como la GIDSEEN (Grupo de Trabajo sobre Diferenciación Sexual de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición, presidido por la Dr. Esteva, directora de la UTIG de Málaga). Continúa este artículo señalando que la guía «deberá contener los criterios objetivos y estándares asistenciales en la materia«, es decir que la gente que haga la guía serán los que decidan los criterios para decidir cual es el tratamiento más adecuado para nuestro estado de salud y condiciones personales.

Artículo 13.3.c « Se garantizará que los procedimientos como terapias hormonales o cirugías sean proporcionados en el momento oportuno, y acordados de forma mutua entre profesionales y usuarios, sin que deban ser negados ni retrasados de forma innecesaria.» Aquí es donde las personas transexuales (no olvidemos que esta ley se ha hecho por y para personas transexuales) cedemos el derecho a la atención sanitaria. Es el cierre de todo lo que se venía planteando. Porque los tratamientos no deben ser negados y retrasados de forma innecesaria, lo que significa que sí se podrán negar y retrasar de forma necesaria ¿Y quien decide cuando la negación o el retraso son necesarios? Los «profesionales» de la Unidad Multidisciplinar, quienes no sólo dispondrán para ello de su libre criterio facultativo (para eso son los profesionales ¿No? Cualquier médico puede decidir que un tratamiento no es adecuado para un paciente. Por ejemplo, si yo llego al médico pidiéndole que me ponga un marcapasos, el médico puede negarse, ya que yo no tengo ninguna enfermedad coronaria), sino que podrán ampararse en esta ley para denegar el tratamiento por «las circunstancias personales» ¿Que podrá hacer una persona a la que se le niegue un tratamiento por estos motivos? Normalmente, podría irse a otro médico, pero como la atención médica será prestada por la Unidad Multidisciplinar, el derecho a la segunda opinión médica que viene reconocido en esta ley, se convierte en papel mojado. Así que te queda la opción de pagar a un médico privado, si puedes, y si no puedes, vete al juez y protesta. Pero el juez dirá que si la ley dice que el médico lo puede hacer, lo puede hacer, y que si te parece mal, siempre puedes intentar que el Tribunal Constitucional declare la ley anticonstitucional dentro de 6 ó 7 años… o nunca, si a los magistrados del Tribunal Constitucional les parece que indagar en las circunstancias personales de una persona transexual no vulnera su intimidad, y que utilizar este criterio para impedir el acceso a la atención sanitaria no es discriminatorio.

¿Y por qué iba a decir el Tribunal Constitucional que esto no constituye una vulneración de nuestra intimidad, y que no constituye una discriminación, si nosotros mismos, las propias personas transexuales, hemos hecho y apoyado esta ley?

Eso es, textualmente, lo que dice la propuesta que se registrará el lunes día 22 de julio, apoyada por varias asociaciones de personas transexuales de Madrid (no todas las asociaciones, como quieren hacer creer, ya que Autonomía Trans no la apoya, pero claro, nosotros no somos nadie, así que no contamos), e incluso elaborada por varias personas transexuales, muy inteligentes y respetables todas ellas.

Y yo no seré jurista, no seré experto y no seré nadie tampoco, pero a mí me parece que eso está mal. Muy mal. Porque soy agnóstico y no quiero jurar nada, y porque no considero que exista una conformidad natural entre el sexo «de nacimiento» y la identidad, y que las personas transexuales poseamos esa anormalidad, eso sí, de manera «estable». Porque a mí me parece que dar permiso a los médicos para que indaguen en nuestras circunstancias personales es una violación de nuestra intimidad, y creo que todas las personas transexuales debemos poder acceder a todos los servicios sanitarios que ya se están ofreciendo para las personas cisexuales. A las personas cisexuales también se les hacen vaginoplastias, y faloplastias, y se les retiran los pechos, o se les ponen prótesis, se les lima la nuez, y se les dan hormonas sexuales, bloqueadores de la pubertad y antiandrógenos, pero a nosotros no, y a mí me parece que eso es discriminación.

Pero claro, yo es que soy un radical, y un queer, porque me gusta ser yo mismo y no quienes los demás me dicen, y porque no considero que haya nada antinatural en mí. Ah, y un ignorante, y quiero saber mucho más que la gente que sabe más que yo, que son los que han escrito eso, o no lo han escrito, pero dicen que está bien, que mola un huevo y nos va a traer un montón de derechos y dignidad. Así que más me valdría estar contento de que se propone que los transexuales tengan una identificación, sin diagnóstico psiquiátrico, sólo después de haber jurado que son seres con una antinatural falta de coherencia en su personalidad. Eso es lo que debería hacer, sí.

Así que esta es la propuesta de Ley que se dan a si mismas las personas transexuales de Madrid, y la aplauden. Esto es lo que piden, que no es más que lo que ya tienen. Es decir, que tienen lo que piden, y por tanto, lo que merecen. Las personas transexuales no merecemos todavía la libertad, ni la igualdad, ni la dignidad, porque no la pedimos, ni la queremos. Gritamos «¡vivan las caenas!», y eso es lo que tenemos, y lo que seguiremos teniendo. Eso es lo que pone esta ley, y cualquiera puede leerlo escrito en ella. No me lo he inventado yo. Ahí está escrito.

Me doy cuenta de que mi sueño de ser libres, de ser iguales, de no tener que sufrir y pagar un alto precio por el mero hecho de no ser quienes otro querían que fuésemos, no se cumplirá en esta generación, porque la mayoría de la gente prefiere continuar siendo esclava. Porque da miedo ser libre y tener que asumir tus propios actos. Vamos a seguir humillados, sufriendo los abusos de los médicos, en los armarios y en los márgenes de la sociedad durante, al menos, una generación más, porque es lo que queremos. Lo que la mayoría quiere. Esta propuesta de Ley de Carla Antonelli, seguramente nunca llegará a convertirse en Ley, pero no importa. Con ella nos estamos regalando 10 años más de esclavitud.

Eso es muy triste.

Respecto a los protocolos de la UTIG de Madrid

El fin de semana pasado fui a Madrid para la 1/2 jornada de transexualidad madrileña (o algo así se llamaba). Allí fui recibido calurosamente por el Dr. Becerra y por María Jesús Lucio, con quienes mantuve una interesante charla que, sin embargo, quedó sin conclusión, por lo que me gustaría hacer algunas apreciaciones ya que he visto que se está abriendo un cierto debate al respecto.

Sostiene el Dr. Becerra que su trabajo es ayudar al que se lo pide (también aclaró que al que no se lo pide, no), pero cuando le señalé que los usuarios que acuden a la UTIG buscando tratamientos médicos no pueden acceder a él, porque no se les da cita con él, sino con un psicólgo (también podría haberle señalado que los servicios de salud no son una ONG, sino que está financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y de la Comunidad de Madrid, y que no se trata por tanto de «ayuda» sino de la prestación de servicios sanitarios que ya hemos pagado, pero no tenía lugar para hacer frases muy largas), intervino María Jesús diciendo que eso era «por el protocolo».

Yo no soy paciente de la UTIG, pero ya me habían informado de que esta señora, ante cualquier objeción que se le presenta sobre el funcionamiento de la UTIG, dice que tienen que hacerlo así «por el protocolo». Siempre que alguien me relata una conversación de estas, yo le digo «¡pero si no hay protocolo!», y, la verdad, estaba deseando poder decírselo también a María Jesús. Así que tener esta oportunidad, fue un gran regalo para mí.

En cambio a ella, no debió hacerle mucha gracia mi respuesta, porque cuando le dije «¡Pero si no hay protocolo!», realizó las siguientes afirmaciones:

1) Dijo que soy un mentiroso

2) Me acusó de utilizar esas mentiras para lucrarme atrayendo más clientes hacia mi tienda virtual.

3) Afirmó que no tenía por qué darme explicaciones porque yo no soy nadie.

4) Argumentó que yo tengo el mismo derecho a pedirle el protocolo, que ella a pedirme mi declaración de la renta.

Como no tuve oportunidad de responder convenientemente, y como me consta que lo de llamarme «mentiroso», y de paso, afirmar que tengo muy poca educación, se ha convertido en una especie de consigna que se está extendiendo hasta lugares insospechados, he pensado que sería conveniente dar una explicación razonada sobre estas cuestiones, para quien la pueda leer y entender.

Así que hoy voy a explicar qué es un protocolo. Informalmente hablando, hay dos tipos de «protocolo». Uno es un documento de tipo interno, que solemos usar los profesionales de todo tipo (yo mismo uso protocolos, aunque trabajo a un nivel muy modesto) ya que sirven para automatizar algunos procesos, aumentar la eficiencia y la productividad, y disminuir el esfuerzo y los recursos empleados. Una empresa muy conocida que utiliza este tipo de documentos, es McDonalds. En McDonalds, todos lo empleados conocen cual es el orden y la forma de atender a un cliente, desde que atraviesa la puerta hasta que vuelve a salir, así como los métodos para hacer las hamburguesas, o para la limpieza.

La UTIG, al igual que muchos otros departamentos hospitalarios, tiene unos protocolos de este tipo (como se indica en el documento que muestro a continuación). Se trata de un documento redactado por los propios empleados de la Unidad, y de carácter orientativo. Eso significa que ellos mismos pueden revisar dicho documento e ir modificándolo para que la práctica sea cada vez mejor (si son unos buenos profesionales, además, deberían realizar estas revisiones con cierta frecuencia, ya que la práctica profesional cambia muy rápido, en una sociedad que está cambiando vertiginosamente, y en la que los avances tecnológicos son apabullantes). También significa que si se «saltan» los protocolos, no pasa nada. Saltarse los protocolos para adaptarse a las demandas de los usuarios y dar un mejor servicio, no es malo. Simplemente significa que los protocolos se deben revisar.

Así pues, estos protocolos de referencia, cuando se usan, no pueden entenderse como creadores de la obligación de que la persona que desea recibir la «ayuda» del Dr. Becerra se vea obligada a ir primero a un psicólogo, durante un año, o durante el tiempo que al psicólogo (o a los psicólogos, o a María Jesús) le de la gana.

Existe otro tipo de protocolos, que son los protocolos oficiales. Estos protocolos, que deben elaborarse con un mayor rigor, siguiendo un procedimiento determinado, están registrados por la Administración, y sí que deben ser cumplidos, tanto por médicos, como por pacientes (aunque, por supuesto, en esos documento no pueden imponerse condiciones que sean ilegales). Principalmente, son un instrumento de defensa. Así, si se me están exigiendo cosas fuera del protocolo, yo puedo reclamar por abusos médicos. Si el protocolo incluye prácticas abusivas, las puedo reclamar con más motivo (más facilidad para probarlas), y si el paciente pretende reclamar por mala praxis médica, el médico que haya seguido el protocolo, podrá ampararse en que lo estaba haciendo bien.

Cuando María Jesús dice que algo no se puede hacer «por el protocolo» se refiere, precisamente, a este segundo tipo de documento: un protocolo oficial de la Comunidad de Madrid, cuyo cumplimiento es obligatorio. Ese protocolo, no existe, y  aquí está la prueba de que no hay tal protocolo (pincha en la imagen para ampliarla):

Así que va a resultar que aquí el que miente, no soy yo, si no María Jesús. Por supuesto, siempre hay tiempo para que hagan un protocolo oficial. A mí me gustaría que lo hicieran, y tengo entendido que según la ley lo tienen que hacer. Tal vez incluso sostengan que cuando se redactó esa carta no había protocolo, y ahora sí lo hay, pero después de haber estado oyendo hablar durante años de un protocolo que resulta que no existe, el que pretenda que me crea que se ha elaborado un protocolo oficial (en un pasado reciente, o en el futuro), tendrá que enseñármelo. Con los sellos del registro de la Comunidad de Madrid, y con una copia para que pueda confirmar con la señora Elena Juarez que se trata de un protocolo oficial, y no de otro de esos protocolos internos que se pueden utilizar, o no utilizar, como guía. No pido nada que yo mismo no ofrezca.

Esto me lleva a la segunda cuestión. En realidad ¿quien soy yo para exigir nada? Yo no soy nadie, según María Jesús. Además, es verdad. No soy nadie. Carezco de poder, y tan sólo puedo representar a mi asociación después de haber acordado con mis compañeros lo que voy a decir. Normalmente, no me represento más que a mí mismo. Sólo soy un hombre transexual.

Sin embargo, María Jesús y el Dr. Becerra sí que sabían exactamente quien soy (me reconoció antes ella a mí, que yo a ella), y fueron ellos los que se acercaron a darme unas explicaciones que yo no pedí. Fue María Jesús la que me ha acusado de mentir cuando decía la verdad. Yo simplemente demuestro mi inocencia, y que la que mentía era ella.

Una idea un poco extraña es la de que todo esto lo hago para promocionar mi tienda online de productos para mujeres y hombres trans. Al parecer, tener una tienda de este tipo es incompatible con el activismo. Yo me pregunto cual es exactamente el problema ¿Le molesta a María Jesús que una persona transexual sea empresaria y viva de su trabajo? ¿O lo que le molesta es que trabaje para las personas transexuales? ¿Le parecería más correcto que cerrase la.trans.tienda?

Lo cierto es que, en realidad, para mí sería mucho mejor estar de lado de las UTIG. Alabarlas y decir que son una gente maravillosa, para que me invitasen a hablar a muchas conferencias, y dijesen lo majo y lo simpático que soy. Los médicos son unos prescriptores muy importantes, y establecer una relación «yo te rasco la espalda a ti, y tú me rascas la espalda a mí», sería muy rentable para mí en términos económicos. Básicamente, posicionarme contra la UTIG, me está costando dinero (y posiblemente, bastante).

Pero en realidad, sospecho que no estábamos hablando de eso. Lo que ella quería decirme es que somos iguales. Que, al igual que ella, yo me lucro de la desgracia de las personas trans, y que igual que ella se inventa sus estrategias para atraer y controlar su clientela, yo también estoy inventándome las mías. Por eso, para ella es lo mismo que yo le pida el protocolo de la UTIG, que si ella me pide a mí la declaración de la renta.

En la distinción entre entre público y privado, mi declaración de la renta y el protocolo de la UTIG, son ambos documentos privados. La tienda es mía, y la UTIG es suya. Aunque mi tienda me la pago yo, y la UTIG… bueno, también la pago yo (y tú, que estás leyendo esto, también). Alguien debería decirle que el régimen señorial, aquel en que el Rey vendía los puestos de funcionario a nobles y burgueses acaudalados, que los adquirían en propiedad, ya han pasado. Ahora los funcionarios son servidores públicos, y la Ley confiere a los ciudadanos determinados derechos, que se corresponden con determinadas obligaciones de los empleados públicos.

Por ejemplo, el artículo 35.g de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común establece que los ciudadanos, en su relación con las administraciones, tendrán derecho «a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar».

Llegados a este punto, quisiera hacer notar al lector, o a la lectora, que cuando se habla de normas, ya sean leyes o de otra clase, no tienen por qué creerse lo que nadie les diga. Si, por ejemplo, el Dr. Becerra dice que la ley obliga a que las personas transexuales que quieran hormonarse tienen que estar como mínimo un año acudiendo a la consulta de un psicólogo de la UTIG, hasta obtener un diagnóstico psicológico, que te diga en qué norma está eso escrito. A poder ser, que hable con la asistenta social del Hospital y le pida que tenga preparadas todas esas cosas, para que te las pueda enseñar e incluso darte copias. Esto va especialmente para el chico guapo de la camisa de cuadros que decía que Nuria es muy buena, y que si no le dio el diagnóstico el primer día es porque no puede, por ley, la pobrecita, no porque no quisiera. Como estudiante de derecho, acostúmbrate a leer todas las normas que te sean aplicables, y verás como tus notas suben como la espuma.

A parte de eso, me parece genial que él, o cualquier otra persona, esté feliz de ir a la UTIG, pero al menos que sepan que les están engañando.

Así que, creo que con esto puedo cerrar ya esta larga aclaración, con las siguientes conclusiones:

1) Queda demostrado que el protocolo no existe. Yo no miento, los empleados de la UTIG, sí.

2) Yo soy un ciudadano, y cuando exista relación con la Administración de Salud de Madrid, tendré derecho a pedir el supuesto protocolo de actuación que la rige. En las jornadas no lo habría pedido, si no se me hubiesen ofrecido explicaciones que yo no iba buscando ese día. Gracias.

3) Utilizo la palabra «empleado» de la UTIG, puesto que eso es lo que son: empleados públicos al servicio del ciudadano. Profesionales, somos los autónomos que desarrollamos nuestra actividad de manera independiente. No deja de llamarme la atención que se visualice mi actividad profesional hacia las personas trans como aprovecharme de ellas, y sin embargo, nunca se haya visualizado mi actividad profesional en la ferretería como «aprovecharme de las pobres personas que se les rompen cosas en casa y las tienen que arreglar». Se me ocurren varias ideas al respecto.

4) Mi declaración de la renta, así como mis recibos de la Seguridad Social, facturas con proveedores, etc, forman parte de mi relación personal con la Administración (de hacienda, y de la seguridad social), y tengo derecho a guardala para mí. En cambio, las normas de la UTIG, forman parte de la relación entre la Administración de salud de Madrid, y los usuarios de los servicios de la misma, y los empleados de la UTIG no tienen derecho a guardarlas para si, sino que deben mostrarlas a cualquier ciudadano que lo solicite.

2º Congreso Europeo de Transexualidad en Madrid (la paella sin arroz)

Un amigo mío dijo que cocinar lo trans sin las personas trans es como hacer paella sin arroz. Esta semana, los días 4 y 5 de julio, en Madrid, la Unidad de T. de Identidad de Género de Madrid (la T significa “Trastornos”,  aunque los organizadores hayan querido ocultar la palabra detrás de la letra) va a tener lugar el 2º Congreso Europeo de Transexualidad, con un precio de 300€ (200€ si eres estudiante) en el que los profesionales de salud se reunirán a hablar de las personas trans, sin las personas trans. Es decir, a hacer paella, sin arroz, y en una olla Express.

Porque si hablar de lo trans, sin lxs trans ya es un error, hablar de lo trans desde la medicina es el error al cuadrado. Principalmente, porque la transexualidad no es una enfermedad. Sí es cierto que muchas personas trans requerimos ciertos servicios sanitarios que están relacionados con la transexualidad, pero también lo hacen las personas cisexuales, precisamente por su cisexualidad (como las mujeres cis que piden hormonas para que no les salga barba o piden cirugías para que les pongan las tetas que no les salieron, o los hombres cis que piden hormonas para que sí les salga la barba o piden cirugías para que les quiten las tetas que sí les salieron) y sin embargo nunca se han organizado unas jornadas sobre cisexualidad.

No me importaría que se organizasen unas jornadas sobre efectos de las terapias hormonales, o sobre técnicas quirúrgicas. Serían buenas, e incluso necesarias. Sin embargo, de lo que se va a hablar aquí no va a ser de medicina. Se va a hablar de nuestras identidades, de las identidades de las personas trans que no podremos estar allí. Se van a establecer criterios de medida sobre nuestras vidas para decidir quien será susceptible de ser “reasignado” por los médicos, porque claro, son ellos quienes tienen el poder de reasignarnos. Se va a hablar de “éxito” del tratamiento, no en términos de la máxima consecución de los objetivos del tratamiento (es decir, que los cambios obtenidos sean los que el usuario deseaba obtener) sin efectos secundarios, sino en términos de “no arrepentimiento”, asunción correcta de los roles de género del sexo “deseado” o “sentido”, superación del test de la vida real, etc…

Esa paella, sin arroz, y guisada en una olla express, va a tener un sabor repugnante. Será un guiso asqueroso, que se nos servirá después a las personas transexuales para que nos lo comamos, y si nadie lo remedia, nos lo tendremos que comer.

El objetivo real de estas jornadas es precisamente ese. Que las personas transexuales sigamos comiéndonos ese plato deleznable que nos ofrecen en las UTIG. Los expertos autonombrados de siempre (Dr. Becerra, Dr. Cesar Casado, Dra. Esteva, y nuestras “queridísimas” psicólogas, junto con otras adquisiciones que vienen de Europa, y que también llevan años recibiendo fuertes críticas por parte de las personas trans) se reúnen para decir lo que siempre han dicho, y que cuando alguien les discuta puedan esgrimir que sus opiniones estuvieron respaldadas en el 2º Congreso Europeo de Transexualidad, omitiendo, por supuesto, que el respaldo ofrecido por el Congreso, se lo dan ellos a si mismos. Así se justifica que puedan continuar con sus prácticas discriminatorias, violentas, vejatorias, que vulneran los más simples principios de los derechos humanos, que el resto de la población da por hechos.

Hay veces que la gente a la que no conozco me pregunta a qué me dedico, y les digo que paso mucho tiempo trabajando sobre derechos humanos e identidad de género. Como no entienden que significa, les explico que principalmente intento eliminar violaciones de derechos humanos en el acceso a la salud. Entonces, invariablemente, me piden ejemplos, y yo les digo que en Madrid, hay un médico que exige a sus pacientes que se castren como requisito para seguir un tratamiento médico. Cuando lo explico así, se les cambia la cara y alucinan pepinillos. Me preguntan cómo puede ser eso, y yo les digo “porque son transexuales”. Entonces, su cara vuelve a cambiar, porque se les empiezan a remover las ideas. Porque la gran, enorme, casi totalidad de la gente piensa que es natural que una persona transexual sea esterilizada. Que es consecuencia inevitable, y al mismo tiempo, requisito imprescindible, de la transexualidad. Algo completamente normal cuando se piensa en esta gente extraña e incomprensible. Este es el discurso que defienden los “expertos” autonombrados, que el éxito del tratamientos de la transexualidad incluye necesariamente la esterilizanción de la persona. En cambio, basta ponerlo del revés, y explicar que la esterilización se exige a las personas, si son trans, para que a cualquiera se le pongan los pelos de punta, porque eso es una monstruosidad. Y punto.

De modo que los días 4 y 5 de julio habrá en Madrid una reunión de las personas vivas que más daño han hecho y están haciendo a las personas transexuales, en las que tratarán de relegitimar sus posturas brutales intentando perpetuar un modelo de atención que está diseñado para impedir el libre desarrollo de la personalidad de las personas trans, y para beneficiarles a ellos.

Como colofón final, el día 6 julio organizan lo que pomposamente han llamado “III Jornadas de Transexualidad Madrileña”, que le hacen pensar a uno qué considera esta gente como una jornada, ya que únicamente van a durar de 9 de la mañana a 14:00 de la tarde (en la Casa de Vacas de Madrid, por si alguien quiere ir). A mí me parece que eso es, como mucho “media jornada”. A esta “III ½ jornada de Transexualidad Madrileña” sí que pueden ir personas transexuales. Cuando nos enteramos en Conjuntos Difusos – Autonomía Trans (obsérvese que hemos cambiado de nombre) nos hizo tanta ilusión que en seguida les escribimos para inscribirnos, ya que la entrada es libre, pero requiere inscripción previa, ya que el aforo es limitado. Eso fue el día 18 de mayo.

¡Cual no sería nuestra consternación cuando nos llegó un correo, la semana pasada, diciendo que nuestra inscripción no estaba confirmada, porque se había completado el aforo! Lo cierto es que, más que consternados, nos sentimos mosqueados, porque a otro compañero que se apuntó más tarde sí le dijeron que podía ir. Empezamos a preguntarnos si no sería que habían decidido excluirnos de la ½ jornada de transexualidad madrileña (para abreviar, nosotros la llamamos “la becerrada”, por el apellido de uno de los organizadores) porque se sienten un poco molestos con nosotros. Después de todo, Conjuntos Difusos se inscribió como asociación para dar cobertura jurídica a una reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo por una vulneración de los Derechos Humanos de una de sus pacientes, que es la co-presidenta de la Asociación.

 

Por otra parte, nos parecía difícil de entender que los profesionales de la UTIG, tan profesionales ellos, se tomasen la molestia de vetarnos la entrada a un acto público (discriminación en el acceso a los servicios), que encima está financiado con fondos públicos (es decir, que lo hemos pagado nosotros). De modo que decidimos inscribirnos de manera individual, por aquello de no ponernos a acusar sin tener todos los datos… Y en un par de días, se confirmó nuestra asistencia.

 

Así que ahora me seinto despechado, porque con las ganas que tenía de ir, me duele que esta gente no quisiera verme. Es triste, el amor no correspondido. Por otra parte, encuentro halagador que se hayan tomado el trabajo de tratar de impedir que vayamos. Significa que estamos haciendo daño, es decir, que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Eso me anima a continuar en la misma dirección. Y, por último, es de agradecer que cometan un acto tan evidente y fácilmente demostrable de discriminación. Tenemos bastantes pruebas de que esta gente considera que la ley es algo que se aplica sólo a los demás, pero esta ha sido una de las más claras y fáciles de conseguir. La utilizaremos sabiamente.